22 de noviembre de 2026
Revista contorno judicial
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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL. ESTÁ EN PARO POR ESTABILIDAD LABORAL.

 

Marchar por la dignidad*

Por qué las calles siguen siendo necesarias
Las movilizaciones sociales suelen incomodar porque interpelan al poder, cuestionan prioridades y recuerdan que la democracia no se agota en las urnas. Precisamente por eso resultan necesarias. Cuando miles de personas se movilizan para defender sus derechos, no están alterando el orden democrático: lo están ejerciendo.
Este 19 de noviembre, Colombia vuelve a presenciar una escena recurrente en su historia democrática: ciudadanos ocupando el espacio público para expresar sus preocupaciones, inconformidades y aspiraciones. Algunos verán en esas movilizaciones una perturbación de la normalidad; otros, un legítimo ejercicio de participación ciudadana. Desde una perspectiva constitucional y democrática, la segunda lectura resulta no solo más adecuada, sino también más coherente con el espíritu de la Constitución de 1991.
En el debate público suele afirmarse que las protestas responden únicamente a reclamos económicos o a intereses sectoriales. Sin embargo, esa visión desconoce una realidad evidente: las personas no viven sus derechos por separado. El trabajador que exige condiciones laborales dignas es también el padre o la madre preocupados por la educación de sus hijos; el estudiante que reclama oportunidades es el ciudadano que necesita acceso a la salud; el habitante que defiende una fuente hídrica es el mismo que busca garantizar el futuro de su comunidad. La vida digna no se construye en compartimentos. Se construye a partir del ejercicio conjunto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
La Constitución Política de 1991 y los compromisos internacionales asumidos por Colombia reconocen que estos derechos son indispensables para el desarrollo pleno de la persona humana. Bajo el principio de progresividad, el Estado tiene el deber de avanzar en su garantía y evitar retrocesos injustificados. Por ello, resulta legítimo que los ciudadanos manifiesten preocupación cuando perciben que determinadas decisiones económicas, fiscales o administrativas pueden afectar las condiciones materiales que sostienen su bienestar.
Quienes se movilizan no están defendiendo privilegios. Están defendiendo la posibilidad de acceder a derechos que para millones de colombianos siguen siendo una promesa inconclusa. Cuando se reclama por mejores condiciones laborales, no se está exigiendo un beneficio particular, sino la protección de un derecho fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa. Cuando se defiende la educación pública, se protege uno de los mecanismos más poderosos para reducir desigualdades. Cuando se exige una salud accesible y oportuna, se está reivindicando el derecho a una vida plena.
Lo mismo ocurre con las causas ambientales. Durante años se intentó presentar la protección de los ecosistemas como un asunto secundario frente al crecimiento económico. Hoy sabemos que esa separación es artificial. No existe desarrollo sostenible en territorios sin agua, sin biodiversidad o sin condiciones ambientales adecuadas para la vida humana. La defensa de los páramos, los ríos, los bosques y las comunidades que dependen de ellos no constituye un obstáculo para el progreso; por el contrario, representa una condición indispensable para garantizarlo.
A esta dimensión social, económica y ambiental se suma una faceta frecuentemente ignorada: la cultural. Las marchas también son espacios de expresión colectiva. La música, el arte, el teatro callejero, las comparsas y las diversas manifestaciones culturales que acompañan las movilizaciones constituyen formas legítimas de participación democrática. Son expresiones de memoria, identidad y resistencia que fortalecen el tejido social y permiten que distintos sectores encuentren un lenguaje común para comunicar sus demandas.
Por supuesto, ningún derecho es absoluto. El Estado tiene la obligación de preservar el orden público, proteger los derechos de quienes no participan en las manifestaciones y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Del mismo modo, es razonable que existan debates sobre sostenibilidad fiscal, estabilidad económica o viabilidad de las políticas públicas. Sin embargo, reconocer esas preocupaciones no puede convertirse en una excusa para deslegitimar la protesta social ni para reducirla a una simple confrontación política.
Las democracias sólidas no son aquellas donde nadie protesta. Son aquellas donde la ciudadanía puede expresar sus desacuerdos sin temor, donde las instituciones escuchan y donde el diálogo se convierte en herramienta de transformación social. La movilización pacífica constituye uno de los instrumentos más importantes para que los sectores tradicionalmente excluidos hagan visibles sus demandas y participen en la construcción de las decisiones que afectan sus vidas.
Por eso, hoy, cuando confluyen trabajadores, docentes, estudiantes, artistas, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades territoriales, lo que está en juego es mucho más que una agenda sectorial. Es la defensa de una idea fundamental: que la dignidad humana requiere derechos efectivos y que la ciudadanía tiene la facultad de exigirlos en las calles cuando considera que no están siendo plenamente garantizados.
En una democracia constitucional, marchar no es un problema. Marchar es recordar que los derechos no son concesiones del poder, sino conquistas de la sociedad. Y que la calle, lejos de ser un escenario de división, puede convertirse en el espacio donde una nación debate, cuestiona y construye colectivamente su futuro.

 

 

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